Jue, 01/26/2017 - 10:46

Caso Oderbrecht sigue dando de qué hablar

La Procuraduria General de la Nación abrió investigación preliminar que podría terminar en disciplinaria para los funcionarios implicados en el caso Odebrecht.

El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flores, explicó que las primeras indagaciones sirven para identificar las posibles conductas y presuntos responsables.

El ente investigador citó al director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, a la junta directiva del Banco Agrario y citaría en los próximos días a las ex ministras Cecilia Álvarez Correa y Gina Parody.

Recordemos que Odebrecht es un conglomerado brasileño de negocios en los campos de la ingeniería y la construcción, también participa en la manufactura de productos químicos y petroquímicos. Instituida como compañía en 1944, el grupo está presente en Suramérica, América Central y el Caribe, Norteamérica, África, Europa y el Medio Oriente.

El 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado recompensas de dinero y sobornos, a funcionarios públicos del gobierno de 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas (Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos).

Odebrecht creó esta “Caja especial” a finales de los 80 con el nombre de “Sector de relaciones estratégicas” para disimular la maraña de gratificaciones repartidas alrededor del mundo.

De dicha caja se entregó en Colombia la no despreciable suma de 11,5 millones de dólares por sobornos durante el 2009 y el 2014. Odebrecht logró beneficiarse en nuestro país con alrededor de 50 millones de dólares.

Una ex empleada de la empresa reveló los primeros datos

Concepción Andrade, quien en ese entonces tenía veinte años de edad y ex empleada de la empresa, fue la primera secretaria del ilegal departamento de sobornos, en develar las prácticas de sobornos. A su despido, en 1992, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó durante tres décadas hasta entregarlos a la Justicia brasileña y a la Comisión del Congreso encargada de la investigación.

Por su parte Luiz Antonio Bueno, expresidente de Odebrecht en Colombia, fue una persona clave para los avances de la investigación en Estados Unidos. Dio información detallada de los funcionamientos de la empresa brasilera en Colombia. Bueno es recordado por haber dicho, en el 2011, que le interesaba ser un "parcero del gobierno colombiano". Para cuando hizo esa afirmación, la firma ya había conseguido el contrato de la Ruta del Sol tramo Dos. Según declaró a las autoridades, las intenciones de Odebrecht eran tan ambiciosas, que pretendían quedarse con todos los proyectos de APP o por concesión que se estaban realizando en el país. El empresario brasilero solicitó un principio de oportunidad para conseguir beneficios judiciales por su colaboración con la justicia.

El sucesor de Luiz Antonio Bueno desde el 2013, Eleuberto Antonio Martorelli, afirmó que el exsenador Otto Bula le prometió utilizar su relación política con gobernadores, alcaldes, líderes locales y parlamentarios para influir de manera concreta en distintos funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Por su trabajo, Bula habría cobrado a Odebrecht, supuestamente, “un valor en pesos equivalente al 1% de lo previsto para las obras”, lo que se conoce como “succes fee” o comisión por éxito.

A partir de su “colaboración” con la justicia colombiana, se han presentado otras capturas y llamados a comparecer. El escándalo de corrupción se perfila como uno de los más grandes a nivel mundial, pues las operaciones de la empresa brasilera llegaban a 12 países y las negociaciones llegaban a casi 1.200 millones de dólares.

Los capturados en Colombia

El ex viceministro de Transporte durante el primer gobierno de Uribe y luego director del extinto INCO, Gabriel García Morales y el ex senador Otto Nicolás Bula Bula, son los primeros capturados en Colombia por dicho escándalo.

Sin embargo han sido varios los llamados a declarar, como el empresario cartagenero Juan Manuel Barraza, por reconocer que había sido socio del ex viceministro García Morales en una inversión realizada en una zona franca de 42 hectáreas ubicada en Mamonal, sector industrial de Cartagena. Según las autoridades, Barraza habría invertido dinero de García en la obra del Parque Industrial TLC de las Américas S. A.

Así mismo la ex ministra Cecilia Álvarez, quien fue citada para para que brinde mayor información sobre la adición aprobada en el período en el que fue ministra.

Dependiendo del curso de las investigaciones y las declaraciones formales e informales que adelanta la Fiscalía General, se presentarán más capturas y se seguirán conociendo detalles de las millonarias operaciones que una vez más, enlodan el nombre y la confianza del país.

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