Considero que es justo terminar de contar una historia que ya se empezó a narrar. Creo que más allá de las consecuencias, la opinión pública merece estar informada sobre un evento al que se le ha hecho seguimiento. Por eso, en este capítulo del cuento me limitaré a decir que el proyecto de ley que en su proceso de construcción se tituló “Proyecto de ley de protección a reportantes de actos de corrupción” y que fue radicado en el Congreso por el Ministro de Justicia en agosto de 2017 con el título genérico de “por medio de la cual se dictan disposiciones para promover y facilitar la denuncia de conductas de corrupción, y se adoptan medidas de protección y reparación para los denunciantes”, finalmente se hundió en el trámite legislativo.
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