Rama Judicial

Con el anuncio del ministro del ramo, Wilson Ruiz Orejuela, de un primer desembolso por US $ 100 millones destinados, ojalá, a la digitalización en forma de nuestra justicia y un tibio avance en el elemento humano, es renovada una vieja aspiración, que por seguir desatendida continúa aportando a la impunidad, atropello y corruptela en el país.

La Rama Judicial está en su periodo de vacancia, dejando este año asignaturas pendientes y padeciendo los mismos males que viene sufriendo desde hace varias vigencias. Siempre se habla de problemas como la congestión, mora en los procedimientos, inseguridad jurídica, politización de jueces y magistrados, corrupción, impunidad, burocracia, falta de presupuesto, sistemas obsoletos porque no se cuenta con tecnologías para optimizar la atención, en fin, son muchos los temas a tratar para mejorar uno de los servicios más importantes, encaminado a resolver los conflictos y buscar la convivencia pacífica.

No se puede entender cómo después de años de estudios, foros, análisis y discusiones sobre los males que aqueja la administración de justicia, en los que han participado todos los sectores relacionados con ella, se insista en un texto que lo único que busca es cambiar el manejo de la burocracia de la Rama Judicial y en nada resuelve sus verdaderos problemas.

Poca atención ha despertado en el Gobierno Nacional la situación de los Jueces de Ejecución de Penas, que ante el desmonte de la descongestión en la Rama Judicial y el proceso de paz con las Farc, sus despachos están desbordados en expedientes, al punto que es imposible que atiendan todos los asuntos que son puestos a su consideración.