El Ministerio de Salud y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, anunciaron, sin desparpajo, que los contratos con los cuales se adquirió la vacuna contra el Covid-19 para el país fueron realizados bajo el derecho privado. En una operación que se originó con la expedición del Decreto Legislativo 444 de 2020 –declarado, entre otras, exequible por la Corte Constitucional– se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, como un fondo sin personería jurídica, con los procesos de contratación para la ejecución de los recursos sometidos al derecho privado y recursos están sujetos al control fiscal de la Contraloría General de la República.
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