Sáb, 08/08/2020 - 08:59

La tarea de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo es una institución que surgió en el marco de la Constitución de 1991 y que tiene por fin la promoción y defensa de los derechos humanos y la divulgación del D.I.H. Esta entidad hace parte del Ministerio Público junto con la Procuraduría General y las Personerías Municipales pero, a diferencia de ellas, no cumple funciones disciplinarias.

En desarrollo de su misión constitucional tiene a su cargo la promoción y defensa de los derechos individuales y de los derechos sociales económicos y culturales. Para tal efecto puede activar los mecanismos constitucionales de protección de los derechos fundamentales, como son las acciones de tutela, las acciones populares, las acciones de grupo, el habeas corpus. Puede acudir a una “solicitud de insistencia” ante la Corte Constitucional para que se seleccione una tutela que amerite ser revisada por ese organismo. También recibe y tramita las quejas que presentan los ciudadanos en los casos que se vulnere o se amenace la vulneración de un derecho fundamental. Por tanto, se le ofrece asesoría y orientación a quienes así lo requieran.

Por otra parte, es su deber asistir a las comunidades en el exterior, asistir a sectores vulnerables como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, a los desplazados por la violencia, a las víctimas y a la población carcelaria, entre otras.

Por mandato de la Constitución tiene la responsabilidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública a quienes no están en capacidad de contratar los servicios de un abogado particular. Los Defensores Públicos dicen que la Defensoría del Pueblo fue la que salvó la implementación del Sistema Penal Acusatorio cuando este comenzó a operar y esta institución no tenía la infraestructura y los recursos necesarios para hacerle frente al tamaño de esa responsabilidad. Al poco tiempo el servicio de defensoría pública estaba garantizando la representación judicial en el 80% de los procesos penales que se adelantaban en ese momento en Colombia.

Según los funcionarios de planta y las organizaciones sindicales a Jaime Córdoba se le reconoce la estructura inicial y el comienzo de la doctrina defensorial. A Eduardo Cifuentes las resoluciones defensoriales y la metodología PROSEDHER, entre otras acciones. A Vólmar Pérez la consolidación del Sistema Nacional de Defensoría Pública, la creación de las Delegadas para la Salud, Víctimas, Desplazados y el SAC-Sistema de Alertas Tempranas. A Jorge Armando Otálora actividades de mediación y acompañamiento en situaciones de conflicto y a Carlos Negret una mayor presencia en las regiones, a pesar de las críticas sobre algunas actuaciones administrativas.

Sobre los nombres de las personas que integran la terna para elegir Defensor del Pueblo, hay que oír sus propuestas y ver qué compromisos asumen para el cumplimiento de sus responsabilidades.Trabajé varios años en esta institución, conozco las actividades que se adelantan y sé que es una herramienta para la defensa de los derechos humanos de los colombianos.

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