El CPB rechaza chuzadas a periodistas y pide al gobierno explicación sobre el tema

Con un el informe titulado «Chuzadas sin cuartel», en la revista Semana miembros de la inteligencia militar denunciaron cómo utilizaron de forma ilegal «sofisticados equipos» donados por organismos de inteligencia de EE.UU. para «fines ilegales».

Según la información periodística se revelan también las verdaderas razones que llevaron al gobierno nacional para solicitarle el retiro al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, el 27 de diciembre del 2019 y se deduce que su salida se precipitó por el uso ilegal de esos aparatos para espiar a políticos, magistrados, periodistas e incluso a generales.

CÓMO SE REALIZAN LAS INTERCEPTACIONES

“Amparados bajo las misiones legales y autorizadas se realizaban lo que acá se conocía con el nombre de ‘trabajos especiales’. Los blancos se dividían dentro de las diferentes compañías, la A, B, C y D. Al comienzo nunca sabíamos los nombres, los jefes nos daban los datos como teléfonos, correos, etc y ahí empezábamos a buscar la información. Conforme conseguíamos los datos nos dábamos cuenta del blanco. Los nuestros resultaron magistrados de la corte. A mi compañero de la compañía B le tocaron los periodistas, ahí estaba los mismos de siempre, según me dijo, pero no recuerdo los nombres”, contó a SEMANA uno de estos uniformados. “En todo esto no solo estuvimos del Bacim –batallón de ciberinteligencia-, también participó gente de las Baime 1 y 4 (batallón de inteligencia militar)”, dijo a Semana un segundo militar involucrado en los hechos.

Hace un poco más de una década magistrados, políticos y decenas de periodistas fueron espiados por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad y se empleó el término de “chuzadas” para calificar estas actividades.

Después de las denuncias realizadas por los implicados, el gobierno nacional determinó acabar con el organismo de seguridad y la justicia llevó a los estrados y fueron condenados entre otros, Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia de Colombia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En septiembre de 2017 también fue condenado a siete años, 10 meses y 15 días de cárcel el también exdirector del DAS Jorge Noguera como coautor del delito de concierto para delinquir agravado en ese escándalo por realizar «interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial».

El Círculo de Periodistas de Bogotá-CPB manifiesta su preocupación por la seguridad de los periodistas investigativos en el país y le exige al gobierno nacional un pronunciamiento claro sobre los permanentes ataques contra las libertades de prensa y de expresión.