El derecho a la protesta social

El derecho a la protesta social está protegido por el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia. Esta contempla el conjunto de derechos fundamentales de asociación o reunión pacífica, libertad de expresión y huelga.                    

El reciente paro nacional del 21 de noviembre de 2019 fue convocado por el Comité Nacional de Paro al que pertenecen las principales centrales obreras y más de 100 organizaciones sociales y sindicales del país, entre ellas las de los estudiantes.

Las marchas del 21 de noviembre fueron pacíficas. Las que se presentaron en Bogotá, y por ser los canales nacionales de televisión centralistas, se llevaron muy buena parte de la agenda mediática del país especialmente cuando fueron protagonizados graves hechos vandálicos en contra del sistema de transporte público TransMilenio, principalmente.

Vale aclarar que las acciones de los vándalos, como han sido nombrados estos grupos organizados de personas que destruyen de forma focalizada los bienes públicos, son ajenas a la organización de las marchas y específicamente a las que tuvieron como participación a los estudiantes.

El derroche de creatividad del movimiento estudiantil para protestar pacíficamente fue impresionante, aunque opacado por los hechos de orden público que afectaron a Bogotá y que también opacaron los resultados del paro y las causas de este, las cuales siguen siendo desconocidas por la mayoría de los habitantes del país. Para profundizar en las razones de la protesta puede consultarse la página web del Comité Nacional de Paro http://www.paronacional.com/

No es gratuito que el gobierno nacional haya salido en días anteriores al paro del 21 de noviembre a desmentir muchas de las razones que esgrimían los organizadores de la protesta social para salir a marchar. Hay multiplicidad de fuentes de información y una gran cantidad de ciudadanos incautos que creen, quieren creer, o dudan de la realidad a partir de lo que se ve o se dice en las redes sociales.

Si el gobierno habla y los ciudadanos dudan, quiere decir que hay un profundo problema de credibilidad en el gobierno, el cual deberá resolverse. La gobernabilidad sin credibilidad es difícil y desgastante.

Los hechos de vandalismo del 21 de noviembre, que se repitieron el 22, obligaron a dos de las principales ciudades del país, Bogotá y Cali, a implantar un Toque de Queda para retomar el control del orden público.

Definitivamente la estrategia de las autoridades nacionales y locales en ciudades y municipios del país deberá tener cambios a la luz de estos intentos de desestabilización que atacan la infraestructura del transporte público e impiden la movilización de millones de personas de la casa al trabajo, al estudio, al médico, a sus actividades cotidianas.

Atacar los sistemas de transporte público que usan millones de personas deslegitima cualquier acción y motiva a los ciudadanos a ser solidarios con estos. Los grupos de vándalos nacieron deslegitimados socialmente al igual que la violencia que practican o cualquiera otra forma de violencia.

Inmovilizar a las personas va en contra de sus derechos humanos. Impedir la libre locomoción es un acto de violencia tan grave como el golpe físico. Los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, podrían visibilizar más el diálogo y sus oportunidades que la violencia ejercida por minorías. Esta impacta visualmente pero no deja más que desazón, desesperanza y tristeza. Hay que ofrecer salidas en lugar de cerrar puertas. También a nivel de imágenes.