Vie, 03/29/2019 - 07:51

El pacto de equidad para las mujeres del PND: exclusiones y restricciones de la sexualidad

En la época de campañas presidenciales Iván Duque y Marta Lucía Ramírez se comprometieron a llevar a cabo una política de equidad de género en todo el territorio colombiano. Sus propuestas para las mujeres no sobresalieron por la voluntad de empoderarlas, sino por la necesidad de mantenerlas “a raya” en sus roles tradicionales como madres, cuidadoras y gestoras de los asuntos de la familia. Mujeres radicalmente diferentes que no encajan en el molde tradicional fueron excluidas tajantemente de las propuestas de campaña, y por ende, del proyecto político de Duque y Ramírez, quienes hoy ocupan los cargos de Presidente y Vicepresidenta de Colombia.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado por el Gobierno se refuerza la exclusión de mujeres indígenas, raizales, afrocolombianas, palenqueras, rrom, lesbianas, transexuales y transgénero del mismo modo que aconteció en las propuestas por las cuales fueron elegidos. Además, en el PND se restringe la sexualidad de las mujeres y se esquiva el desarrollo de políticas orientadas al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Todo esto se refleja en el Pacto de Equidad para las Mujeres, que al día de hoy un elemento transversal del plan de desarrollo. 

El Pacto de Equidad para las Mujeres resalta que muchos problemas vinculados a la equidad de oportunidades resultan del origen de la población más no de sus capacidades. Entonces, determina que “nacer mujer” implica contar con menos oportunidades para el desarrollo individual. Teniendo esto en cuenta, designa ocho líneas de política pública: (a) fortalecimiento de la institucionalidad de género; (b) educación y empoderamiento económico para la eliminación de las brechas de género en el trabajo; (c) cuidado; (d) participación política; (e) salud sexual y derechos reproductivos de niñas, niños y adolescentes; (f) derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; (g) mujeres rurales, y (h) mujeres y construcción de paz.

Si bien, en este pacto hay mayor articulación entre diagnósticos, objetivos y lineamientos de política pública (en contraste con otros pactos del plan, como por ejemplo, el de grupos étnicos), existen imprecisiones importantes. Estas vaguedades muestran bien la manera en que el PND profundiza la exclusión de las mujeres que no corresponden al imaginario tradicional, así como la restricción de la sexualidad. En primer lugar, los elaboradores del Pacto de Equidad para las Mujeres reducen, confunden y equiparan los conceptos “mujer” y “género”. Evidentemente, “mujer” y “género” no tienen significados cercanamente equivalentes, aunque sean términos relacionados en alguna literatura académica y técnica. Existen varias teorías y enfoques sobre la experiencia vivida por las mujeres y cómo esta varía culturalmente. Asimismo, contamos con numerosas aproximaciones a la configuración del género. Francamente extraña que los constructores del PND no se encuentren informados sobre términos básicos que hacen parte de la construcción de políticas públicas con enfoque de género.

En segundo lugar, los conceptos son abordados en el pacto de forma muy general. Y en la generalidad se excluyen cuestiones que diferencian a las mujeres y que las ponen en situaciones desiguales entre ellas, como la identidad étnico-racial, la orientación sexual y expresión de género, la clase, su situación afectiva y su posición sociopolítica. No es claro a qué tipo de mujeres se refiere el PND ni a quiénes dirige sus iniciativas de política pública. Este pacto centrado en las mujeres carece por completo de un enfoque diferencial.

En tercer lugar, el Pacto de Equidad para las Mujeres presenta el empoderamiento económico como la solución última para los problemas que más aquejan a este grupo poblacional: la violencia machista, la exclusión político-económica y los estereotipos culturales. Todos estos impiden que las mujeres accedan a espacios de trabajo y toma de decisiones. Cabe aclarar que la desigualdad y la agresión que experimentamos las mujeres a diario no se sustentan únicamente sobre estructuras económicas. Estos fenómenos también tienen bases culturales. Así pues, encontramos valores y creencias dominantes sobre la feminidad, las mujeres y su comportamiento debido en la sociedad que proscriben su conducta y legitiman la violencia hacia ellas. La promoción del empoderamiento económico como receta para todos los males inherentes a la experiencia de “ser mujer” solo responde a la necesidad que tiene este Gobierno de profundizar el modelo de desarrollo neoliberal en Colombia. En este las mujeres son entendidas más como peones que como sujetos de derecho y actores políticas. Ellas son indispensables solo si permiten que las empresas obtengan ganancias, si dejan que los megaproyectos de infraestructura y explotación sean realizados en los territorios y si son complacientes con el Estado, que siempre se ha presentado como el mayor esclavo del capital.

En cuarto lugar, el PND esquiva el diseño de políticas de educación sexual integral y reduce problemáticas como el embarazo adolescente y la deserción escolar a “prácticas nocivas” en torno al sexo. En el punto (e) sobre salud sexual y derechos reproductivos el Pacto de Equidad para las Mujeres acude a fenómenos como el matrimonio infantil y las uniones conyugales tempranas para delimitar lineamientos de política pública para niños, niñas y adolescentes. ¿Qué son las prácticas nocivas de la sexualidad? Nunca lo llegaremos a saber. No es posible conocer si estas prácticas hacen referencia a conductas agresivas de niños, niñas y adolescentes (tocamientos indebidos, comentarios sexuales no bienvenidos, acoso y violación) o si aluden a la masturbación, las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo o tener relaciones sexuales libremente. Estas prácticas no se contextualizan en el pacto para las mujeres en función de su sexualidad, y mucho menos, en el caso de niñas y niños según sus respectivas etapas de desarrollo. De ahí que sea importante considerar cómo se manifiesta la sexualidad en la niñez antes de hablar de prácticas nocivas. Es risible que los expertos que construyeron el PND no tengan en cuenta la simple lógica a la hora de determinar una política de salud sexual y derechos reproductivos. A propósito de este tema, el Pacto de Equidad para las Mujeres poco tiene en cuenta a las mujeres adultas, así como discusiones relativas a su vida sexual como la decisión de ser madres, la crianza responsable y el aborto legal. Esto último tampoco es comprehendido para el caso de niñas y adolescentes.

En conclusión, el PND refuerza la exclusión de las mujeres que no encajamos en la sociedad colombiana blanca/mestiza, heterosexual, de clase media o alta, madres, esposas, cuidadoras y gestoras del hogar. Es un plan que promueve, con un lenguaje ambiguo y lleno de imprecisiones, la idea de que la sexualidad de las mujeres debe ser contenida de algún modo. Ciertamente, esta retórica corresponde a la visión de la sexualidad femenina que se tenía entre los siglos XVI y XIX y que estaba sustentada en el honor, el pudor y la pureza virginal. Cuando se contempla a las mujeres en políticas de desarrollo y en el ámbito del trabajo solo es por su potencial para generar rentas agradables a las empresas y al Estado. Claramente, en el PND vemos cómo la derecha materializa su visión violenta y excluyente del desarrollo, y la manera en que esto impactará a las mujeres de ahora en adelante.

Vivian Martínez Díaz

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