Hollman Morris y la violencia de género: ¿En qué va su caso?

El Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) define la violencia de género como un fenómeno situado en las desigualdades de poder entre hombres y mujeres. Se trata de un ejercicio sistemático de agresión contra cualquier persona a causa de su género. No obstante, teniendo en cuenta que existen jerarquías históricamente instituidas que determinan la supremacía masculina en todos los aspectos de la vida, es posible sostener que la violencia contra las mujeres es, por ende, violencia de género.

En Colombia, la Ley 1257 de 2008 también identifica qué es violencia contra la mujer. El texto legal afirma que esta abarca cualquier acción u omisión que le ocasione muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a la mujer por su condición. Dentro de esta definición se incluyen otros fenómenos como amenazas, coacciones y privaciones de la libertad. Asimismo, la ley establece que la violencia económica consiste en acciones y omisiones orientadas al abuso económico, el control arbitrario de las finanzas, y la generación de recompensas o castigos a las mujeres por su condición social, económica o política. Por último, esta plantea el término “daño patrimonial”, y lo explica como la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o destrucción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores o derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las mujeres.

Evidencias mostradas por Patricia Casas ante los medios de comunicación nacionales –como el texto de la demanda presentada por ella ante la Fiscalía General de la Nación e imágenes de chat donde suplica dinero a Hollman Morris para pagar servicios públicos y comprar alimento para la familia– indican que, en efecto, sufrió violencia económica basada en el género. Frente a esto, Casas reivindicó el papel de las mujeres que optan por quedarse en el hogar como encargadas de la crianza y la gestión de los asuntos del cuidado. Asimismo, resaltó que cuando fue compañera sentimental de Morris aportó a su carrera periodística, y especialmente, al proyecto conocido como Contravía.

Posteriormente, surgieron denuncias de acoso sexual contra Morris. Estas fueron interpuestas por mujeres que trabajaron con él y por colegas suyas. Lina Castillo contó a La F.M. que fue hostigada sexualmente por Morris a través de comentarios no bienvenidos sobre su ropa y la atracción que le producían sus rasgos físicos. Por su parte, la periodista María Antonia García de la Torre narró que Morris intentó besarla a la fuerza. A pesar de que el periodista y actual Concejal aceptó en radio nacional que había cometido acoso contra esta periodista, tomó la decisión de denunciarla penalmente por injuria y calumnia. Paralelamente, denunció a Castillo por las mismas razones.

El debate sobre la idoneidad ética de Morris como político se escindió en dos polos. Por un lado, se encontraban aquellas personas que lo respaldaban y que afirmaban que detrás de esta denuncia estaba la ultraderecha. Por otro lado, se hallaban mujeres que consideraban que la violencia de género no tenía nada que ver con la ideología. Así pues, mujeres que hacen parte de la Colombia Humana, como María Mercedes Maldonado y Ángela María Robledo, reclamaron a Morris por persistir en su aspiración a la Alcaldía de Bogotá. Gustavo Petro fue siempre ambivalente frente a la violencia ejercida por su amigo y aliado. Y en medio de esta discusión, quienes nos comprometimos con la defensa de la vida de las mujeres y nuestro derecho a una vida libre de violencias fuimos acusadas de tener intereses políticos detrás de nuestro ejercicio periodístico e intelectual. Poco a poco, Hollman Morris fue convirtiéndose en un defensor de hombres supuestamente maltratados por las reivindicaciones feministas y en favor de la igualdad de género. De ahí que yo misma haya desistido de seguir informando y construyendo opinión sobre el tema hasta hoy.

¿Qué ha sucedido específicamente con las demandas de Patricia Casas contra Hollman Morris? En marzo de 2019, la opinión pública conoció un fallo emitido por un juzgado sobre una demanda de alimentos presentada por Patricia Casas contra su expareja. En el fallo el tribunal ordena a Morris proveer una suma mensual de diez millones de pesos a Casas distribuida así: cuatro millones para su hijo, tres para su hija y tres para ella. Como columnista de Revista Enfoque, y gracias a la colaboración de personas cercanas al entorno político y profesional de Morris –quienes me han pedido reserva de la fuente de acuerdo a sus derechos humanos, y a las garantías constitucionales existentes para el ejercicio de la libertad de prensa– supe que éste interpuso un recurso de reposición frente a la demanda de alimentos decidida positivamente para Casas.

La abogada Gina Rocío Lora León, en representación del despacho de Luis Eduardo Leiva, presentó frente al Juez 11 de Familia del Circuito de Bogotá un recurso de reposición. En este la abogada propone reducir el 50% de la tarifa de alimentos cancelada por Morris mensualmente. Este pago suele descontarse de su salario como Concejal según el siguiente documento: 

En el texto la abogada Lora explica que después de todas las deducciones legales realizadas al salario de Morris –por concepto de salud, pensión y ARL–, y otras disminuciones del mismo relativas al otorgamiento de un crédito para el pago de la educación universitaria de sus hijos, este no contaría con sustento económico. De ahí emerge esta petición.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el recurso de reposición procede y encaja legalmente hablando. Incluso, dentro de la cultura institucional vigente, y en el contexto de la situación personal de Morris, interponer este recurso llega a lucir justo y hasta pertinente. Sin embargo, presentarlo es éticamente problemático puesto que refleja la intención que tiene Morris de profundizar la violencia económica contra Patricia Casas. Adicionalmente, la acción legal emprendida por él a través de la oficina de abogados de Luis Eduardo Leiva responde a una costumbre ya exhibida: tomar revancha contra mujeres que se han atrevido a narrar sus abusos. Por lo visto, aún es importante seguir adoptando posturas críticas frente al comportamiento público y privado de los políticos que operan en Bogotá.

Vivian Martínez Díaz

@VivianMa