“Si le va bien a Duque, le va bien al país”

En primer lugar, con Iván Duque están todos los sectores retrógrados del país que pretenden que se gobierne con la Biblia por encima de la Constitución. Los dos alfiles que acompañaron a Duque en su campaña representan lo más rancio de la religión que quiere gobernar en un país que desde la Constitución de 1991 se ha proclamado laico, en el que además se protege la libertad de cultos y se garantizan los derechos de las minorías, incluyendo a aquellos grupos de diversa orientación sexual. Alejandro Ordoñez es recordado por haber usado a la Procuraduría General de la Nación como bastión de su lucha religiosa para oponerse a todas las reformas que reivindicaron los derechos de la comunidad LGBTI como el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción homoparental. Por su parte, Vivian Morales como senadora, promovió un referendo para que la población se opusiera a los derechos obtenidos por los homosexuales para que se les reconociera su carácter de familia. En el gobierno de Juan Manuel Santos no pudieron lograr su cometido porque hubo fuerzas en el Congreso, en la Corte Constitucional, en el propio gobierno y por supuesto, en la ciudadanía, que se les opusieron. Sin embargo, no cabe duda que ahora como parte del gobierno entrante y con mayorías aplastantes en el Congreso, van a iniciar nuevas cruzadas evangelizadoras para imponer lo que ellos llaman “la moral y las buenas costumbres”, como si su moral fuese única y como si las costumbres no se pudieran cambiar. Entonces, a las minorías por su diversidad sexual, seguramente no les irá tan bien. Muchos de sus derechos serán coartados y mucho de lo que han avanzado va a retroceder.

En segundo lugar, al gobierno de Iván Duque lo rodean los sectores de latifundistas y terratenientes que han acaparado grandes extensiones de tierras fértiles en todo el país, muchas de ellas obtenidas por la vía del despojo. Este fenómeno lo describe con detalle Ariel Ávila en su columna “La masacre que quiere esconder José Félix Lafourie II”. En esta columna, que muestra los resultados de un estudio que la Fundación Paz y Reconciliación y la Fundación Forjando Futuros sobre el análisis de 3.761 sentencias sobre restitución de tierras, se evidencia que el 75% de los casos de despojo se dieron en contra de pequeños propietarios (menos de 10 hectáreas) y que el 55% de esos despojos fueron ejecutados por grupos paramilitares. Este grupo de terratenientes y latifundistas, cuya cabeza visible es José Félix Lafourie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y su esposa Maria Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, se oponen abiertamente a los procesos de restitución. Ávila también nota con preocupación que los congresistas del Centro Democrático se esmeraron en colmar las comisiones quintas de Cámara y Senado que son las encargadas de tramitar los proyectos de ley que tienen que ver con tierras. Además, el propio Lafourie está aspirando a ser el Contralor General de la República, lo que lo pondría en una situación de privilegio para incidir en las decisiones del legislativo siendo el garante del buen destino y la transparencia en el uso de los recursos públicos. Entonces, también es previsible que a todos los campesinos que aspiraban a recuperar sus tierras ilegalmente usurpadas, muchos de los cuales además son víctimas y desplazados por la violencia, tampoco les va a ir muy bien.

En tercer lugar, las reformas económicas del gobierno entrante tienden claramente a proteger los grandes capitales y a trasladar la carga tributaria hacia la clase media, empobreciéndola aún más. Esta semana ha sido evidente el gran descontento de muchas personas ante las declaraciones del Ministro de Hacienda que ha anunciado las principales medidas de la reforma tributaria que se apresta a presentar en el Congreso. Una de las medidas más polémicas que ha anunciado el ministro Carrasquilla, es la de gravar con impuesto de renta a las personas naturales que ganen alrededor de $1.900.000 aduciendo que el promedio per cápita del PIB está por ese rango y que el salario promedio está entre 2,2 y 2,35 millones de pesos. Lo que no nota el Ministro de manera conveniente, es que Colombia es uno de los países más desiguales de todo el mundo y que en estos casos los promedios funcionan como la teoría de los dos pollos: Si hay dos personas y dos pollos asados, y una de esas dos personas se come los dos pollos, el promedio dirá que cada persona se comió un pollo, cuando la realidad indica que uno de los dos no comió nada. Esta analogía funciona en países cuyos niveles de desigualdad son muy profundos, como es el caso de Colombia. Según cifras de FASECOLDA y la CUT para octubre de 2017 casi 11 millones de personas de las 22.156.140 que trabajan, ganaban menos de un salario mínimo, es decir, casi el 50%. Aproximadamente el 8% de estos 22 millones ganaban apenas el salario mínimo. Es decir, que en Colombia al menos el 58% de la población sobrevive con un salario mínimo o menos. Sin embargo, los promedios que toma el Ministro Carrasquilla, son casi dos veces y medio el salario mínimo. En otras palabras, lo que indica este promedio arbitrario que se ha tomado para grabar con impuesto de renta a quienes ganen alrededor de $1.900.000 es que en Colombia hay pocas personas que ganan mucho dinero y una gran mayoría que gana muy poco. Esto sin contar las cifras de desempleo. Como pueden ver, el hecho de grabar la renta de ingresos medios no hace más que parte de un malabar estadístico para liberar la carga tributaria de las grandes empresas y trasladarla a los trabajadores y consumidores.

El supuesto, además, es que las grandes empresas con menor carga de impuestos generarán más puestos de trabajo y mejores condiciones laborales para sus trabajadores. La experiencia con los empresarios colombianos cuando se les dan ventajas no es la mejor. Cuando Álvaro Uribe extendió la jornada laboral hasta las diez de la noche eliminando las horas extras, el desempleo en Colombia no disminuyó y tampoco se dieron mejores condiciones a los trabajadores. Por el contrario, esta medida sirvió para que los empresarios pudieran explotar a sus trabajadores con jornadas más amplias de trabajo por el mismo pago.

Reducir la carga tributaria a las grandes empresas profundiza la desigualdad, más si esa carga es trasladada a la clase media, generando una mayor concentración de la riqueza en pocas manos y condiciones más difíciles de supervivencia para las personas que sin ganar mucho, tendrán que empezar a pagar impuestos. A la clase media tampoco le va a ir muy bien con Duque.

En cuarto lugar, es claro que la percepción de Iván Duque sobre la justicia es bastante particular y que ha tomado partido no como el presidente de un país, sino como militante de un partido político con muchos de sus miembros condenados, procesados e investigados, empezando por su líder y mentor, Álvaro Uribe. El lema de campaña de Iván Duque con respecto de la justicia es “el que la hace la paga”. Pero si le preguntan por Andrés Felipe Arias, contra quien pesa una condena a 17 años de prisión por peculado para favorecer a terceros y quien se encuentra en el exilio evadiendo a la justicia colombiana, dice que es “excesivamente perseguido”. Si le preguntan por Luis Alfredo Ramos, investigado por concierto para delinquir y conformación de grupos paramilitares, dice que no duda de su inocencia. Y si le preguntan por su jefe político y mentor, Álvaro Uribe Vélez, quien tiene casi 300 investigaciones en curso en la Corte Suprema y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, dirá que mete las manos al fuego por él, que se hace moler y que no duda de su honorabilidad. Entonces, para Duque “el que la hace la paga”, excepto si hace parte de su corriente política.

La Justicia Especial para la Paz también se verá enfrentada a serios obstáculos para actuar con autonomía e independencia ante los constantes ataques del uribismo, que la consideran como un sistema de impunidad judicial para las FARC porque el castigo no se basa en penas de cárcel sino en penas alternativas con base en cuatro principios de acción: Verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. Sin embargo, ven con reserva que miembros de las Fuerzas Armadas investigados por delitos relacionados con el conflicto se presenten ante esta jurisdicción y claramente no quieren que lo hagan empresarios, funcionarios del Estado, propietarios de tierras o cualquier otro actor de un conflicto largo y complejo en el que claramente hay más de un actor involucrado y en donde el establecimiento ha tenido una gran responsabilidad en todos sus estamentos. La perspectiva sobre la justicia de quienes rodean a Duque es sombría, temen que toda la verdad salga a flote porque emergería la gran responsabilidad que ha tenido el establecimiento en un conflicto con raíces históricas. Y es que finalmente a Duque lo rodea ese mismo establecimiento que se plegó todo en la misma orilla uniendo a contradictores políticos que finalmente hacen parte de la política tradicional, rancia y anquilosada que ha gobernado al país por siempre, a los grandes empresarios que perciben grandes beneficios para sus emporios, a los terratenientes y latifundistas que van a poder legalizar todo lo que han despojado por la vía de la fuerza y a los sectores más retardatarios y reaccionarios que quieren imponer sus creencias religiosas desde la manipulación del Estado.

Por último, sobre este punto, la idea de unificar las Cortes que han predicado Uribe y el propio Duque, deja un tufillo preocupante de querer también cooptar a la Rama Judicial del Poder Público, que es la única que cuenta con cierta autonomía para contrarrestar el bloque del Ejecutivo y el Legislativo que parecen una aplanadora institucional del nuevo gobierno. Por lo tanto, parece que a la justicia imparcial y objetiva, a la verdad y a una gran parte de las víctimas de la violencia de un conflicto de más de cincuenta años, tampoco les irá muy bien si le va bien a Duque y a quienes le rodean.

Estos son solo cuatro aspectos que destaco, pero podrían ser muchos más para demostrar que si a Duque le va bien, no a todos nos irá bien. Por el contrario, teniendo en cuenta los antecedentes de Uribe como mandatario desde 2002 hasta 2010 y la gran influencia que tiene sobre Duque, que es innegable, serán cuatro años en los que no le irá nada bien a los sectores de oposición ni a los contradictores políticos ni a los periodistas que con valor han ido develando los hilos que se tejen detrás del poder del uribismo y sus redes con el mundo del crimen.

Si a Duque le va bien, le irá bien a los grandes empresarios, a los latifundistas, a los políticos tradicionales y corruptos, a los sectores más retrógrados y religiosos, es decir, a los que siempre les ha ido bien. Si a Duque le va bien, no le irá bien al país sino a los dueños de siempre del país. Hay que entender la diferencia y sobre ese presupuesto permitirnos conformar la resistencia porque la institucionalidad está siendo absorbida una vez más por el régimen amenazando el disenso y la oposición. Para hacer oposición solo queda la ciudadanía deliberante y activa y unas fuerzas minoritarias en las corporaciones. Tenemos que hacernos sentir para que a todos nos vaya bien o, por lo menos, para que no nos vaya tan mal.