Mar, 01/15/2019 - 07:41

La protesta contra el Fiscal General de la Nación: preguntas para construir una política de otro modo

El 11 de enero se convocó un acto de protesta ciudadana contra Néstor Humberto Martínez Neira. Este fue promovido por activistas, congresistas, líderes juveniles, organizaciones sociales y periodistas con gran presencia en las redes sociales. La protesta, que fue replicada en varias regiones del país, se nutrió de las acciones, expresiones artísticas y cantos entonados por multitudes de personas que rechazaron la corrupción y la permanencia del fiscal general en su cargo; más aún, después de conocerse su vínculo con el proceder delictivo de Odebrecht.

Todas estas personas tenían concepciones heterogéneas sobre el “deber ser” de las instituciones y el rol que tiene el Estado en nuestra sociedad. No obstante, convergían en una cosa fundamental: la necesidad de transformar la manera de hacer política en Colombia. 

Diversos periodistas y medios de comunicación independientes han asumido la tarea de investigar y denunciar la corrupción que rodea a la institucionalidad colombiana en el caso concreto de Odebrecht. Por ejemplo, Cuestión Pública ha trazado las huellas de esa compañía en el país, desde la captura de su director general –Marcelo Odebrecht– hasta la actualidad. Ese portal también informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene conocimiento de que la compañía brasilera consiguió contratos de construcción de obras en América Latina y África por medio de sobornos. En Colombia, Odebrecht pagó 11 millones de dólares para lograr la adjudicación de la Ruta del Sol Sector II y reforzó su influencia financiando las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, y la de Oscar Iván Zuluaga en ese último año. De igual modo, Cuestión pública sostiene que Zuluaga visitó la sede de Odebrecht en Brasil en compañía de Iván Duque Márquez, presidente de Colombia desde agosto de 2018. Ese mismo hecho fue reportado por diarios nacionales como El Espectador. Las investigaciones sobre financiación de campañas por Odebrecht fueron archivadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En noviembre del año pasado, la cadena Noticias Uno dio a conocer el “testamento” de Jorge Enrique Pizano –ingeniero, controller de la Concesionaria Ruta del Sol y testigo en el caso de Odebrecht–. Al interior de este se encontraban audios de conversaciones con Néstor Humberto Martínez que databan del 2015, y que fueron confiados a los periodistas de dicha cadena. En cada una de las conversaciones se evidenciaba la manera en que Pizano intentaba persuadir a Martínez de las irregularidades en la operación de Odebrecht. Sin embargo, ni Corficolombiana (del Grupo Aval), que era la socia constructora del conglomerado brasilero en Colombia, ni Martínez escucharon las alertas de Pizano. En suma, este tenía conocimiento de los sobornos y los delitos de Odebrecht mucho antes de ocupar su cargo como fiscal general. Aún encabezando esa entidad, Martínez guardó silencio y no dio a conocer qué grado de información tenía sobre estos asuntos. Después de la muerte de Pizano a causa de un infarto y un cáncer linfático, falleció su hijo Alejandro debido a la ingesta de cianuro. Las circunstancias en las que falleció están siendo investigadas por la misma Fiscalía. Para muchos analistas, ciudadanos y periodistas esto es un verdadero contrasentido.

La inoperancia del actual gobierno frente a la investigación y el juzgamiento de los delitos ligados a Odebrecht ha sido evidente. Ante esto, algunos políticos, periodistas, organizaciones sociales, líderes juveniles y activistas han promovido protestas contra la corrupción. Estos también han impulsado un rechazo ciudadano a la permanencia de Néstor Humberto Martínez como fiscal general y han exigido su renuncia. Si bien, las acciones de protesta han sido reproducidas en diferentes ciudades y municipios de Colombia, vale la pena resaltar el plantón que se realizó frente al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Esto, puesto que provee preguntas importantes para pensar qué tipo de organización política es deseable en el momento actual.

El pasado 11 de enero fue convocado un plantón en el búnker de la Fiscalía que se localiza en la capital. La cita ocurrió en horas de la noche. Algunos manifestantes llevaron pancartas y letreros que decían #RenuncieFiscal y “La acción está en las calles”. Otros lucían máscaras con el rostro de Martínez. Paralelamente, hubo grupos de ciudadanos que regalaron botellas de agua marcadas con la palabra “cianuro” y el logotipo del Grupo Aval. Cerca de una reja de contención que la policía puso para proteger la edificación, se ubicaron unas cajas llenas de billetes falsos que estaban marcadas con la palabra “Odebrecht”. Estos actos creativos se convirtieron en expresiones de la protesta ciudadana y el ejercicio de los derechos políticos.

La entrada a la sede principal de la Fiscalía estaba custodiada por policías que portaban escudos similares a los que lleva el ESMAD. Entre la reja de contención y la entrada al edificio, pudimos ver reporteros tomando fotografías de los asistentes al plantón. Posteriormente, algunos asistentes decidieron bajar y quemar la bandera de la Fiscalía que estaba muy cerca a la edificación. Los vigilantes privados contratados por la entidad intentaban detener la quema, mientras que los manifestantes gritaban “vigilantes, ustedes son del pueblo”.

Al mismo tiempo que ardía en llamas la bandera de la Fiscalía surgieron comentarios entre los manifestantes. ¿Por qué quemarla?, ¿con qué propósito?, ¿qué significa ese acto?, ¿qué mensaje le estamos dando al Gobierno con esto? Las posiciones frente a estas preguntas se dividieron en dos segmentos. Por un lado, estaban quienes consideraban como asunto grave quemar la bandera, puesto que no se deseaba acabar con la democracia ni con las instituciones sino lograr la renuncia de Néstor Humberto Martínez. Por otro lado, existió un grupo de personas que opinamos que ese acto era simbólicamente potente, e incluso, revolucionario. Somos conscientes de que el Estado colombiano está coludiendo con los empresarios para favorecer la reproducción de un capitalismo que despoja, violenta y excluye. Los escándalos de Odebrecht son la manifestación más clara del concierto entre el Estado y los capitalistas en América Latina. Desde nuestra perspectiva, la quema de la bandera de la Fiscalía fue la representación más clara del rechazo a esa complicidad histórica entre ambos. Los dos segmentos de posiciones confluyeron en la necesidad de lograr transformaciones, pero se distinguieron sustancialmente en los medios para llevarlas a cabo.

Esta semana se anunciaron nuevas acciones de protesta contra el fiscal Martínez. No obstante, desde mi punto de vista cualquier movilización futura debe acompañarse de ejercicios de reflexión que nos permitan crear prácticas de política radical. Esas prácticas deben orientarse a la destrucción de esa estructura de complicidades entre las empresas y el Estado colombiano. ¿Qué transformación o revolución deseamos hacer?, ¿sólo queremos hacer que el fiscal renuncie?, ¿qué sucederá si lo logramos? O más bien, ¿queremos transformar el modo de hacer política en Colombia hoy, de tal manera que los grupos oprimidos por el capitalismo podamos tener alguna dignidad en el futuro?

Vivian Martínez Díaz

@VivianMartDíaz

Con volantes los manifestantes exigieron la renuncia del Fiscal. 

Microplantón en Arbeláez. De gorra Antonio Lozano, padre de la Senadora Angélica Lozano.

 

Añadir nuevo comentario